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El transporte se encarece un 9,5%, la vivienda y la alimentación siguen subiendo muy por encima de los salarios que aumentan en convenio el 3,04%

Los datos del IPC de agosto de 2026, publicados por el INE, confirman lo que USO lleva meses denunciando: la vida sube mucho más que los salarios, y las familias trabajadoras pierden poder adquisitivo. La tasa anual del IPC se situó en el 4,3%, siete décimas más que en julio y el nivel más alto desde febrero de 2023. El IPCA, el indicador comparable a nivel europeo, alcanzó el 4,6%.

Ninguna comunidad autónoma se libra de la escalada. Cantabria lidera el encarecimiento con un 5,1%, seguida de Galicia (4,8%) y Castilla y León y Madrid, con incrementos del 4,7%. «La inflación vuelve a golpear a las familias mientras los salarios se quedan atrás. Con convenios que firman subidas del 3,04% en agosto, muy por debajo del IPC, la población trabajadora se está empobreciendo», denuncia el secretario general de USO, Joaquín Pérez.

Transporte, vivienda y alimentación: los gastos que más se encarecen

Los precios que más presionan a los hogares son precisamente los más difíciles de reducir. El transporte se dispara un 9,5% anual por el encarecimiento de combustibles y lubricantes. La vivienda sube un 0,6% mensual, impulsada por los combustibles líquidos, la electricidad y el gas. Y los alimentos y bebidas no alcohólicas crecen un 2,3%, siete décimas más que en julio.

Estos tres componentes absorben una parte creciente del presupuesto familiar. Con la vivienda disparada y la alimentación encareciéndose de forma sostenida, la inflación real que sufren las familias trabajadoras es muy superior a la media general que recogen los titulares.

Cláusulas de revisión salarial vinculadas al IPC

Por eso, USO advierte que la brecha entre precios y salarios está extendiendo un fenómeno grave: el de las personas con empleo que no pueden cubrir sus gastos esenciales. A esta situación se suma que el Salario Mínimo Interprofesional sigue siendo insuficiente en un contexto de encarecimiento sostenido de la vivienda y la alimentación.

Pérez insiste: «el SMI no garantiza una vida digna y afecta de forma desproporcionada a quienes tienen salarios más precarios y jornadas parciales, que ven cómo sus ingresos quedan aún más lejos del coste real de la vida. En general, la vida sube más que los salarios, y eso es insostenible. Las subidas salariales deben estar vinculadas al IPC y, como mínimo, igualarlo. De lo contrario, cada año somos más pobres».

La inflación acumulada desde 2018 supera ya el 26% mientras los salarios no han seguido ese ritmo. Sin medidas estructurales, la brecha seguirá creciendo.

Ante esta situación, USO reclama dos medidas concretas: la incorporación de cláusulas de revisión salarial vinculadas al IPC en todos los convenios colectivos, y políticas públicas que alivien los gastos esenciales, especialmente en vivienda y energía.